Se estima que será necesario incrementar hasta seis veces la producción de minerales de transición para producir, transportar, almacenar y usar la electricidad generada por fuentes más limpias, como el viento, el agua y el sol.
Pero la extracción de minerales ya está asediada por la corrupción y la opacidad y la minería se realiza a menudo con un gran coste para la salud y los medios de vida de la población local. Las investigaciones indican que las mujeres y las niñas, los pueblos originarios y las y los defensores del medio ambiente se ven afectados de manera desproporcionada por la minería. Las comunidades locales suelen quedar excluidas de la toma de decisiones y reciben pocos beneficios de la extracción. Asimismo, el sector causa daños al medio ambiente y contribuye de manera significativa al cambio climático.
La feroz competencia, la demanda y la búsqueda de beneficios de la fiebre de los minerales de transición aumentarán la presión sobre los países productores para que «aceleren» la concesión de licencias y permitan la minería en zonas sensibles y de alto riesgo. Esto hace que el proceso quede a merced de la corrupción y empeore la situación de los derechos humanos y los abusos medioambientales, en particular la contaminación del agua y de la tierra, afectando gravemente la salud de las y los trabajadores y de las poblaciones aledañas.
La extracción de minerales de transición, que se ve empañada por la mala gobernanza, la corrupción, el consumo excesivo y el poco cuidado por las personas y el planeta, solo conseguirá retrasar la acción climática.
Las organizaciones miembro de PLQP trabajan para garantizar que el incipiente mercado de minerales de transición esté bien regulado y sea transparente, justo y equitativo. Para ello, desarrollan acciones de incidencia en favor de un esfuerzo coordinado que transforme la manera en que se extraen y consumen los minerales, dando prioridad a aquellas soluciones que reducen nuestra dependencia de la minería.
