Estudios sobre esperanza, resiliencia y logros: cómo las comunidades se benefician de la minería en Burkina Faso, Camerún y Zimbabue

Nuestras 1000 organizaciones miembro de Publiquen Lo Que Pagan (PLQP) de todo el mundo tienen una visión común: que los habitantes de sus países compartan los beneficios de la riqueza generada por sus recursos naturales y que la forma de hacerlo sea dando voz a la gente sobre cómo se deben gestionar estos recursos.

Muchos de nuestros miembros se enfrentan a obstáculos similares para conseguirlo: gobiernos que tienden a favorecer la opacidad sobre la transparencia, que no suelen tener que rendir cuentas ni responder a las necesidades de las personas. Cada vez más, muchos miembros de PLQP se encuentran trabajando en entornos en los que el espacio cívico se reduce y las amenazas contra ellos crecen.  Pero a pesar de sus objetivos y experiencias compartidos, los contextos sociales, políticos y económicos en los que trabaja nuestros miembros suelen ser distintos.

Tanto los paralelismos como las diferencias en sus entornos de trabajo son evidentes en los siguientes estudios de caso que analizan los progresos de las campañas de defensoría de los miembros de PLQP para conseguir transparencia de ingresos y compartir los beneficios de la minería, en Burkina Faso, Camerún y Zimbabue.

Cada estudio detalla de forma sistemática los pasos que nuestros miembros en esos países han dado para conseguir sus objetivos y constituyen documentos de meditación y evaluación, así como esperanza y logros.

Entre las campañas para compartir beneficios más célebres del movimiento PLQP está la campaña «1 % de ingresos del oro» de Burkina Faso, lanzada en septiembre de 2014.

La determinación de la coalición nacional de PLQP a la hora de presionar para que las empresas mineras aporten un 1 % de su facturación para el desarrollo de las comunidades resultó decisiva para la creación del Fondo Minero para el Desarrollo Local (FMDL).

Inicialmente, las empresas mineras se mostraron reticentes, expresando su oposición al presidente del país así como en un memorando, pero el trabajo de defensoría de la coalición, que incluía organizar conferencias y trabajo con los medios, derivó en la creación del FMDL con arreglo al nuevo código minero de 2015.

Como resultado, las comunidades locales están empezando a recibir sus primeras contribuciones desde las empresas mineras. De 15 proyectos de minería, 13 han pagado sumas «de buena fe», a la espera de la implementación de las recomendaciones del comité de trabajo ad hoc, que se creó para facilitar la forma de operar del FMDL.

El compromiso de la sociedad civil de Burkina Faso y la coalición de PLQP en el país dio sus frutos, resultando en mejoras tangibles para las vidas de las comunidades locales. Tal como se detalla en el estudio, su éxito, en parte, ha sido el resultado de adaptarse rápidamente sus estrategias ante condiciones cambiantes y, en ocasiones, adversas.

Con la evolución dinámica del sector minero de Burkina Faso, tal como lo demuestra el increíble incremento en el número de  permisos de minería concedidos (de 10 en 1993 a 632 en 2016), el impacto sobre el desarrollo local y las vidas de las comunidades debería ser profundo, ya que fluyen cada vez más ingresos a raíz de este incremento en la actividad minera.

En Camerún, que se incorporó a la EITI en 2007, la coalición PLQP opera en un entorno muy distinto. El país ha dejado patente su deseo de mejorar la gobernanza de sus recursos extractivos y adoptó varios mecanismos para hacerlo, incluyendo la creación de la Comisión Anticorrupción Nacional (CONAC) y la implementación del proyecto de generación de capacidad del sector minero (PRECASEM).

Incluso así, el país no siempre ha tenido un buen rendimiento a la hora de mejorar las vidas de las comunidades que habitan cerca de sus plantas de extracción. Para corregirlo, la coalición de PLQP , que se fundó en 2005, ha trabajado sin descanso para mejorar las condiciones sociales, financieras y ambientales de las comunidades que habitan cerca de las plantas de extracción. Han trabajado en los marcos de trabajo institucionales y legales que rigen el sector extractivo, controlando la medida en que Camerún implementa las iniciativas internacionales a las que se unió, así como ofreciendo información, capacitación y concientizando a las partes interesadas sobre la gobernanza de la industria extractiva.

En Zimbabue, en donde se creó la coalición PLQP en 2011, la necesidad de trasladar las campañas de defensoría a las realidades locales quedó clara, con un panorama político cambiante que altera las políticas del gobierno para derivar beneficios a las comunidades mineras.

El actual marco de trabajo para la transparencia en el sector minero de Zimbabue se queda corto en cuanto a los requisitos mínimos establecidos por los estándares aceptados globalmente, como la EITI. Así, la transparencia y la rendición de cuentas resultan más necesarias que nunca. El inmenso potencial de riqueza mineral del país se volvió todavía más importante para la economía de Zimbabue desde el declive de la agricultura, tras el programa de reforma agraria de 2000, y más recientemente con la propagación del Covid-19. La forma de gestionar el sector será fundamental para posibilitar que Zimbabue se pueda recuperar de su nefasta situación económica.

No obstante, la resiliente y cada vez más ágil campaña de PLQP Zimbabue es motivo de optimismo, y el discurso oficial sobre la EITI y el interés renovado en incorporarse a la iniciativa global están entre sus logros significativos.

Un ambiente de políticas en constante cambios significó que la campaña de distribución de beneficios financieros destinada a las comunidades próximas a los lugares donde se practica la minería registrase tanto avances como retrocesos.

En su determinación para implementar el enfoque «Zimbabue abierta para los negocios» a partir de noviembre de 2017, el nuevo gobierno revirtió el marco de trabajo de Indigenización y Empoderamiento Económico (IEE) que hacía que la inversión extranjera en minería en Zimbabue fuese muy poco atractivo en comparación. Esta marcha atrás también dejó a las comunidades mineras sin canales legales para compartir los beneficios entre sí, el gobierno y las empresas mineras, ya que esta reversión hizo no vinculantes y opcionales las contribuciones a los Fondos de Propiedad Compartida Comunitarios (los CSOT), cuyo objetivo es usar los fondos de la extracción de recursos para impulsar desarrollo social en las comunidades locales en las áreas mineras, provocando que resultasen ineficaces. El resultado es que las CSOT ya no tienen una base legal y el gobierno está haciendo un llamamiento para elaborar un nuevo marco de trabajo de empoderamiento para las comunidades mineras.

De una forma más positiva, PLQP Zimbabue hizo partícipe al parlamento del país para que ejerciese un rol esencial de supervisión a fin de desentrañar las malas prácticas en el establecimiento y la implementación de las CSOT.

Todos estos estudios de caso documentan los cambios positivos que el compromiso y la dedicación de nuestros miembros crean en sus países y explican por qué garantizar que las comunidades que suelen verse muy afectadas por las operaciones mineras que se trasladan a sus zonas deberían tener una mejora en sus vidas, en lugar de un empeoramiento.